Las operaciones se desarrollaron en corredores rurales estratégicos para el narcotráfico, debilitando las finanzas de grupos armados ilegales en el sur del país.
Durante los primeros días de 2026, unidades de la Sexta División del Ejército Nacional intensificaron operaciones militares en zonas rurales de los departamentos de Caquetá, Putumayo y Amazonas, como parte de una ofensiva sostenida contra las economías ilegales que financian a estructuras armadas en el sur del país.
De acuerdo con información oficial, las acciones se concentraron en áreas identificadas como corredores estratégicos para el procesamiento y tráfico de estupefacientes, donde se logró la ubicación y destrucción de 17 laboratorios de pasta base de coca, además de un laboratorio para la producción de clorhidrato de cocaína y otro destinado al procesamiento de permanganato de potasio, insumo clave en la elaboración de droga.
Golpe a las finanzas de estructuras armadas
Según los reportes de las Fuerzas Militares, estas infraestructuras ilegales eran utilizadas para financiar la compra de armamento, municiones, equipos de comunicación y otros elementos logísticos empleados por grupos armados organizados residuales, con presencia activa en la región.
Las operaciones se desarrollaron principalmente en jurisdicción de los municipios de Puerto Asís, Puerto Caicedo y Puerto Guzmán, en el departamento del Putumayo, con intervenciones en veredas como Nuevo Porvenir, Arizona, Teteyé, Montañita, La Cabaña, Villa Fátima, Campo Alegre y Villa Catalina La Torre, zonas reiteradamente señaladas por las autoridades como puntos críticos para el procesamiento de sustancias ilícitas.
Material destruido y afectación económica
En el terreno, las tropas inutilizaron construcciones improvisadas con pisos de madera y cubiertas plásticas, así como recipientes, herramientas y grandes cantidades de insumos químicos utilizados en la producción de droga. Entre el material destruido se encontraban pasta base en proceso, combustible, cal, cemento y otros elementos, cuyo avalúo preliminar supera los 2.000 millones de pesos, según los informes operativos.
Las afectaciones recaen directamente sobre las finanzas de organizaciones ilegales como los ‘Comandos de Frontera’ y la ‘Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano’, estructuras con presencia en el Putumayo y zonas limítrofes.
Acciones judiciales y presencia institucional
El material incautado, junto con los registros de las operaciones, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelanta los procedimientos correspondientes dentro de los procesos judiciales en curso.
Las unidades militares desplegadas continúan operando bajo los parámetros de la misión constitucional, con presencia permanente en zonas rurales, coordinación interinstitucional y acompañamiento a las comunidades, con el objetivo de controlar las actividades ilegales y fortalecer la seguridad en la región amazónica.
📎 Fuente: El Tiempo
