Bogotá, 19 de febrero de 2026 – En un foro liderado por la Contraloría General de la República para evaluar el uso del Sistema General de Regalías (SGR), el contralor Carlos Hernán Rodríguez lanzó una dura advertencia: pese a los billones invertidos desde 2012, los resultados en indicadores sociales no guardan proporción con la magnitud de los recursos.
Según el análisis presentado, desde 2012 se han aprobado 10.998 proyectos por un valor total de 26,5 billones de pesos en departamentos como Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Huila, Santander, Norte de Santander, Caquetá, Putumayo, Amazonas y Bogotá. Sin embargo, estas inversiones no han logrado cerrar brechas de manera efectiva, especialmente en municipios de tercera, cuarta, quinta y sexta categoría, donde persisten graves deficiencias en planeación, ejecución y articulación con los planes de desarrollo territorial.
“La magnitud de la inversión no se traduce proporcionalmente en mejoras sociales”, afirmó Rodríguez durante el evento. El contralor destacó que cerca del 90% de los municipios en categorías más bajas enfrentan limitaciones severas en capacidades técnicas, administrativas y financieras, lo que impide formular y ejecutar proyectos de impacto real.
Entre los hallazgos más preocupantes de las auditorías realizadas desde mediados de 2022 hasta 2025 se encuentran 1.935 anomalías administrativas en 1.804 proyectos auditados por 34,59 billones de pesos. De estas, 1.342 tienen connotación fiscal por 3,67 billones, 1.861 disciplinaria y 365 penal.
Rodríguez también encendió las alarmas sobre la sostenibilidad futura del SGR, financiado principalmente por la explotación de hidrocarburos, que representa cerca del 1,7% del PIB y financia infraestructura social, educación, productividad rural y transición energética.
“¿Cómo se va a sostener un sistema financiado por recursos del subsuelo si el país ha restringido la exploración de esos mismos recursos? La respuesta no admite matices: no hay forma de hacerlo sin asumir un riesgo severo de desfinanciamiento para los próximos años”, cuestionó el contralor. Agregó que, de no retomarse la exploración petrolera, podrían pasar al menos ocho años antes de que nuevos desarrollos generen ingresos, lo que podría traducirse en una década de restricciones fiscales graves.
El contralor insistió en que, mientras se prioricen soluciones de corto plazo (“el hambre del día”) en lugar de inversiones de largo aliento, se perpetuará el rezago educativo y estructural en las regiones. Recomendó enfocar los recursos en programas multisectoriales de escala suficiente que integren infraestructura, capital humano, innovación, sostenibilidad, producción agrícola y conectividad.
Fuente: El Tiempo (Sara Valentina Quevedo Delgado, 19 de febrero de 2026).
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