En las profundidades del Amazonas colombiano, donde el río serpentea como una vena vital y la selva susurra secretos ancestrales, una pandemia silenciosa devora el espíritu de las comunidades indígenas. No llega con sirenas ni titulares sensacionalistas; se infiltra en el alma colectiva como la niebla matutina, manifestándose en suicidios que rompen el silencio de la noche, en el aislamiento que aleja a los jóvenes de sus tradiciones, en la ira contenida por la pérdida de la “Madre Tierra”, o en el agotamiento espiritual que se disfraza de “debilidad cultural”. Esta crisis de salud mental no discrimina: afecta a chamanes guardianes de saberes milenarios, a mujeres tejedoras de redes familiares, a niños que crecen entre la deforestación y el conflicto armado. En departamentos como Amazonas, Vaupés y Guainía, donde la población indígena supera el 40%, las tasas de suicidio son las más altas del país, un grito ahogado que revela la degradación de identidades y vidas dignas.
Imaginemos a un joven tikuna o huitoto, desplazado por la violencia de mineros ilegales o paramilitares, luchando contra la depresión que surge de la desconexión con su territorio sagrado. Según informes del Ministerio de Salud y organizaciones como la ONIC (Organización Nacional Indígena de Colombia), el suicidio en estos pueblos ha aumentado alarmantemente en los últimos años –en Amazonas, las cifras escalaron en 2025, convirtiéndose en una herida abierta que no cicatriza. El conflicto armado ha exacerbado esto: el desplazamiento forzado, la erosión cultural y la falta de acceso a servicios básicos generan traumas profundos, problemas mentales frecuentes y un sufrimiento emocional que se transmite de generación en generación. La relación con la naturaleza, pilar de su cosmovisión, se rompe ante la deforestación y la contaminación, dejando un vacío que ningún medicamento occidental puede llenar solo.
Pero esta tragedia no es inevitable; es el resultado de un abandono sistémico. La Constitución Política de Colombia consagra la salud –incluyendo la mental– y la dignidad humana como derechos fundamentales, con énfasis en la protección de los pueblos indígenas (Artículo 7 y 330). Sin embargo, el Estado falla estrepitosamente: las EPS (Entidades Promotoras de Salud) en regiones remotas como el Amazonas operan con opacidad, demoras eternas y negaciones de servicios, priorizando burocracia sobre vidas. ¿Dónde están los programas de detección temprana adaptados culturalmente? ¿Los psicólogos capacitados en cosmovisiones indígenas? ¿Los recursos para integrar medicina tradicional con atención occidental? En su lugar, hay intermediarios que dilapidan fondos públicos, dejando a comunidades enteras sin seguimiento terapéutico o prevención de riesgos.
La mayor infamia recae en el Congreso de la República. Mientras las comunidades indígenas claman por reformas que reconozcan sus “armonías espirituales” –como lo proponen los Lineamientos para el Cuidado de la Salud Mental de Pueblos Indígenas del Ministerio de Salud–, los legisladores evaden el debate con ausencias deliberadas y quórums fallidos. Proyectos de ley para fortalecer la salud mental en territorios indígenas se hunden en comisiones por cálculos políticos, no por argumentos válidos. Esta cobardía no es solo negligencia; es una violación constitucional que agrava la emergencia. ¿Cómo puede una nación que se jacta de diversidad multicultural ignorar el grito de sus guardianes de la Amazonía? Es hora de que el Congreso cumpla su deber: deliberar, legislar y fiscalizar sin excusas, incorporando voces indígenas en mesas de concertación permanentes.
Colombia necesita políticas concretas y urgentes para la salud mental indígena en el Amazonas, implementación de primeros auxilios psicológicos en resguardos y escuelas interculturales, formación en detección temprana para líderes comunitarios, rutas claras de atención que respeten saberes ancestrales, y auditorías independientes a las EPS para garantizar transparencia. No más slogans vacíos; acciones que salven vidas y preserven culturas.
La Corte Constitucional encendió las alarmas con la Sentencia T-082 de 2025 (expediente T-10.429.022, 7 de marzo de 2025): un “llamado de atención” sobre el aumento sostenido de suicidios en la población étnica amazónica, problemática de más de dos décadas. Originada en una tutela de “Antonia”, adolescente indígena de 17 años del Amazonas (Puerto Nariño, sede La Tebas) que intentó suicidarse por segunda vez lejos de su resguardo por crisis emocional y acoso escolar, la Sala Segunda de Revisión (magistrados Diana Fajardo Rivera, Vladimir Fernández Andrade y ponente Juan Carlos Cortés González) amparó los derechos a la salud mental indígena, identidad cultural y educación.
Datos clave de la sentencia (disponible en corteconstitucional.gov.co/relatoria/2025/t-082-25.htm): https://www.corteconstitucional.gov.co/noticia.php?El-llamado-de-atenci%C3%B3n-de-la-Corte-sobre-el-aumento-de-suicidios-en-la-poblaci%C3%B3n-%C3%A9tnica-de-la-Amazon%C3%ADa-10032=
Pero la pregunta sigue en el aire y duele más cada día: ¿y el Congreso dónde está?
Mientras la gran mayoría de congresistas evade el debate con quórums fallidos, ausencias estratégicas y hundimiento de proyectos por cálculos políticos, hay voces que sí están dando la pelea.
Un ejemplo muy valioso y esperanzador es la Representante a la Cámara Olga Lucía Velásquez (Partido Alianza Verde – Bogotá), quien desde hace varios años se ha convertido en una de las principales impulsoras de la salud mental en el Congreso colombiano.
Olga Lucía ha sido ponente y líder de importantes iniciativas de salud mental, incluyendo la reforma a la Ley 1616 de 2013, la Ley 2460 de 2025 y múltiples propuestas que lograron incluir la salud mental como prioridad en el Plan Nacional de Desarrollo. Ha denunciado públicamente las altísimas tasas de suicidio en la región amazónica (Guainía y Amazonas en el primer lugar del ranking nacional), ha organizado foros especializados y ha insistido en que la salud mental debe ser una prioridad nacional con enfoque diferencial para comunidades étnicas.
Su trabajo demuestra que sí es posible legislar con seriedad y sensibilidad en este tema tan urgente.
Sin embargo la realidad es que sigue siendo la excepción y no la regla.
La mayoría del Congreso sigue sin reaccionar: proyectos que buscan fortalecer la salud mental indígena, crear rutas interculturales y destinar recursos reales se hunden en comisiones o nunca llegan al pleno.
La salud mental indígena en el Amazonas no espera quórum. Es una emergencia constitucional que, si no se atiende, no solo extinguirá espíritus individuales, sino el alma misma de nuestra biodiversidad humana. ¡Despierta, Congreso! Las voces de la selva no se callarán.
La crisis de salud mental que viven hoy las comunidades indígenas del Amazonas, Vaupés y Guainía no es nueva, ni silenciosa para quienes hemos estado en territorio y hemos escuchado a sus médicos, líderes y sabedores ancestrales.
En 2025 realizamos un foro nacional sobre salud mental intercultural- https://www.youtube.com/live/QIJENWrVNLg?si=M0WlZ1SFi8WMkJWC donde el doctor Juan David Páramo, psiquiatra con experiencia directa en el Vaupés, y el reconocido psiquiatra Rodrigo Córdoba nos hablaron sin rodeos de una realidad dolorosa: suicidios que no se explican solo desde la clínica, sino desde el abandono histórico del Estado, la ruptura del territorio, el duelo cultural y la ausencia de rutas de atención dignas y oportunas.
Precisamente por eso impulsamos y logramos la nueva Ley de Salud Mental, que reconoce la salud mental como un derecho fundamental, ordena enfoques diferenciales, interculturales y territoriales, y obliga al Estado a dejar de tratar estas tragedias como hechos aislados.
La Sentencia T-082 de 2025 de la Corte Constitucional confirma lo que advertimos desde el Congreso: estamos ante una emergencia constitucional, no solo sanitaria. Hoy el reto no es legislar más discursos, sino implementar la ley, vigilar a las EPS, garantizar atención temprana en territorios indígenas, articular la medicina tradicional con la occidental y escuchar, de verdad, a las comunidades.
La salud mental indígena no espera quórum ni titulares. Exige presencia del Estado, decisiones políticas valientes y coherencia entre lo que se legisla y lo que se ejecuta. Esa ha sido, y seguirá siendo, mi lucha. Los invito a que conozcan todos los avances de la nueva Ley de Salud Mental en nuestras redes sociales @OlgaLVelasquez